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Advierten sobre los desafíos que enfrentará el Plan Nacional para erradicar las violencias

Transparencia sobre la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de las violencias (PNA), unificación del registro de femicidios y travesticidios, articulación entre fuerzas de seguridad y justicia, y erradicación de la violencia mediática son algunos de los retos enfrentará un nuevo PNA, según organizaciones de la sociedad civil y activistas.

“Organizaciones de la sociedad civil y activistas nos reunimos en noviembre de 2019 para analizar los aprendizajes y retos para un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de género que deberá delinear el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”, informaron en un comunicado.

A partir de “los aprendizajes” de la implementación del Plan desarrollado entre 2017 y 2019 elaboraron propuestas para abordar “los retos que se presentan para una nueva etapa”.

En ese sentido, destacaron la necesidad de una “mayor transparencia e información pública sobre el progreso en la implementación del PNA” y que el mismo “tenga un reflejo adecuado en los documentos presupuestarios oficiales”.

Además, resaltaron la importancia de “mejorar las estadísticas desagregadas” con información sobre distintos colectivos”, la unificación del Registro de Femicidios y Trasvesticidios, y la realización de “una encuesta nacional de prevalencia de las violencias” en articulación con el Indec.

Por otra parte, destacaron la importancia de “federalizar” las acciones del plan para combatir la “enorme disparidad entre los territorios, aún dentro de una misma provincia” así como “mejorar la articulación entre las fuerzas de seguridad y la justicia” y otras instituciones del Estado.

En el ámbito del empleo resaltaron la necesidad de ratificar el Convenio 190 de la OIT y establecer mecanismos de protección ante violencias por razones de género.

Entre otras cosas, también señalaron la necesidad de fortalecer “y continuar el trabajo de visibilización, prevención y erradicación de las diferentes formas de violencia simbólica y, entre ellas, particularmente, la violencia mediática”.

En ese sentido, establecieron la necesidad de evaluar respuestas en cuatro ejes fundamentales: la autonomía física, es decir el acceso a políticas de atención frente a distintas formas de violencia, disponibilidad y accesibilidad de espacios de acompañamiento psicológico de mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia por razones de género en todo el territorio, implementación de derechos sexuales y reproductivos incluyendo el acceso al aborto legal, entre otros.

También resaltaron los desafíos en la autonomía económica, o sea el cumplimiento del cupo laboral, políticas para la inserción laboral de mujeres y personas LGBTIQ+ en situaciones de violencias, cumplimiento federal de la Ley Brisa y ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, entre otras.

También en la toma de decisiones: visibilizar la violencia política, mayor participación de mujeres en espacios de decisión en los Poderes Ejecutivos y Judicial, entre otras.

Por último, para abordar el desafío de la transformación cultural proponen diseñar e implementar políticas que contribuyan a la transformación cultural para eliminar los estereotipos sexistas y la violencia simbólica que perpetúan a mujeres e identidades femeninas y feminizadas en roles de subordinación; así como también que cuestionen la cultura de la violación y promover la modificación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral para que incorpore una perspectiva no binaria.

Fuente: TELAM